TODOS A LA CALLE: La controvertida aplicación en España de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la Doctrina Parot

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Escrito por Javier Cabello, Abogado del Área de Derecho Procesal en Adarve Abogados.

I. Antecedentes

Al tiempo en que los presos que ahora ven la luz de la calle cometieron los execrables crímenes por los que fueron condenados, nuestra legislación penal estipulaba un máximo de cumplimiento de 30 años de privación de libertad, a la par que nuestra legislación penitenciaria preveía una serie de beneficios penitenciarios que permitían al reo la reducción de su condena en función de la realización de determinadas actividades durante su reclusión, tales como el trabajo. La conjunción de ambas previsiones legales ha determinado que una veintena de años más tarde de la realización de aquellos funestos actos criminales la sociedad asista atónita a la puesta en libertad de esos condenados sobre los que en su día, según oyeron, habían recaído sentencias de hasta miles de años de cárcel.

Nuestro Tribunal Supremo en Sentencia del año 2006 ratificada por nuestro Tribunal Constitucional estableció una solución a la supuesta problemática jurídica de congraciar la redención de penas por aplicación de beneficios penitenciarios con el límite máximo de cumplimiento de 30 años establecido en la ley. Así, la denominada doctrina Parot establecía que los beneficios penitenciarios que implicaban reducción de condena debían aplicarse sobre la pena realmente impuesta en sentencia y no sobre dicho límite de 30 años. Esto hacía ineficaz esa reducción de condena para todos aquellos presos que habían sido condenados a centenares de años de prisión.

La reciente Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contraria a la aplicación retroactiva de la denominada Doctrina Parot creada por nuestro Tribunal Supremo ha traído consigo no sólo una agria polémica sobre la justicia de las penas contempladas en nuestro Código Penal para los delitos más graves, sino también una serie de efectos alarmantes para la ciudadanía como la puesta inmediata en libertad de numerosos presos condenados por delitos de sangre y agresiones sexuales.

Se plantea al respecto por un lado una cuestión de fondo sobre la justicia material de la decisión del TEDH y por otro la forma de aplicación en España del contenido de la misma tanto al asunto que la originó (el de la etarra Inés del Río) como a otros similares, así como también se plantea los efectos que ello puede conllevar específicamente sobre la cosa juzgada, y más genéricamente sobre la seguridad jurídica.

II. Justicia material de la decisión del TEDH.

En cuanto a la primera de las cuestiones cabe reseñar que la sentencia del TEDH argumenta que la etarra  “tenía toda la razón para pensar que la pena impuesta era la pena máxima de 30 años” y que “no había motivo alguno que le pudiera hacer pensar… que se le aplicarían las remisiones de la pena concedidas no en relación con la pena máxima de prisión que debía cumplir sino sucesivamente sobre cada una de las penas impuestas” (parr. 100 y 117).

Más allá de realizar consideraciones tales como la de si la etarra Inés del Río llevaba o no la calculadora encima mientras cometió los sanguinarios delitos por los que fue condenada, para prever si, en caso de ser arrestada, le iban a caer mil, dos mil o tan solo 20 o 30 años, lo que no dejaría de ser una consideración muy demagógica; o la de si las resoluciones de los tribunales durante la ejecución de la pena le iban otorgando unos sacrosantos derechos adquiridos por más que se fundaran en una interpretación determinada del Derecho (realizada por la AN y el TS) que es susceptible de modificación (como lo fue por la Sentencia que instauró la doctrina Parot), lo que chirría no solo al sentido común sino también a la lógica jurídica es que una condena por miles de años pueda transformarse en una de 30 años en virtud de una resolución que confunde el límite máximo de estancia en prisión con la pena impuesta (como sucedió en el supuesto de Inés del Río  mediante la resolución de acumulación y límite máximo dictada por la AN el 30/11/00). Y así, tomando lo uno por lo otro, siendo instituciones jurídicas distintas, da pie a que la interpretación del derecho que los tribunales (AN, TS y TEDH)realizan o tienen establecida sobre una de esas instituciones (la pena impuesta) se aplique a la otra (límite máximo de estancia en prisión).

De la propia resolución del TEDH se desprende que, dentro del principio claro e irrenunciable de que a nadie se le puede imponer una pena que no estaba establecida en el momento de comisión de los hechos (ex art 7 del Convenio), sin embargo la cuestión objeto de discusión es qué es lo que se entiende como pena, y si la fase de ejecución de la misma, a la que pertenecen los beneficios penitenciarios aplicables, puede incluirse también dentro del concepto de pena. Curiosamente la jurisprudencia del TEDH tiene establecido que las políticas de ejecución de la pena y la aplicación y razonamiento para las mismas es competencia exclusiva de los Estados miembros y no infringen el art 7 del Convenio. Ya se había dictaminado en tal sentido en supuestos anteriores en los que un cambio en la legislación penitenciaria de otros Estados miembros determinó el cumplimiento de algunos presos de una pena más grave (Hogben vs Reino Unido, Grav vs Italia, Kafkaris vs Chipre). Sin embargo, en el supuesto español de la etarra Inés del Río, el mero cambio jurisprudencial ex post (no es un cambio en las leyes sino en la interpretación de las mimas) que ha implicado la doctrina Parot sobre la ejecución de la pena impuesta sí se ha considerado por el TEDH como integrante de la pena y como infractor del art 7 del Convenio, en una inclusión dentro de la pena de lo que  en realidad es ejecución de la condena según algunos magistrados de dicho tribunal se han encargado de explicar (Voto disidente conjunto de los jueces Mahoney y Vehabovic a la Sentencia del TEDH).

III. Forma de aplicación de la Sentencia del TEDH en el ordenamiento jurídico español

  1. Aplicación de la Sentencia del TEDH al procedimiento de la etarra Inés del Río

En cuanto a la segunda, cabe recordar que el ordenamiento jurídico español no contempla expresamente un mecanismo para hacer valer ante los tribunales las decisiones del TEDH. Y esto sucede tanto respecto al procedimiento, dentro del cual, por vía de recurso (si bien recurso extraordinario no integrado dentro del sistema de recursos del ordenamiento jurídico nacional), se pronuncia el TEDH, como respecto a otros similares a los que se podría aplicar la doctrina jurisprudencial que de dicha resolución dimana. Tanto es así que a los únicos a quienes obliga el Convenio Europeo de Derechos Humanos a acatar las Sentencias definitivas es a “Las Altas Partes Contratantes”, y que por disposición del propio Convenio cuando el TEDH constata la violación de uno de los Derechos contemplados en dicho Convenio y no existe cauce en el derecho interno del Estado para poner remedio a ello se sustituye por la concesión por el Tribunal a la parte perjudicada de una satisfacción equitativa (que consiste en una retribución económica). La mencionada ausencia en el ordenamiento jurídico español de procedimiento para la ejecución de las sentencias del TEDH junto con la consideración de que la “Alta Parte Contratante” a que el art 46.1 del Convenio se refiere y la cual se compromete a acatar las sentencias definitivas del tribunal sería, estrictamente considerada, el Poder Ejecutivo o Poder Político, en tanto que gobierno del país (y no por tanto el Poder Judicial –como Gobierno de los Jueces y Tribunales- , ni tampoco la Administración de justicia española -como conjunto de jueces y magistrados que interpretan y aplican las leyes) conducen a conclusiones bastante interesantes, en las que no entraremos por no ser el objeto de esta exposición, pero que hubieran impedido en principio las excarcelaciones provocadas por la sentencia del TEDH en otros procedimientos distintos al de Inés del Río (o al menos las hubieran retrasado en tanto dicho Poder Político implementa el cauce de ejecución en España de las resoluciones del TEDH).

Así, para la ejecución en España de las Sentencias del TEDH el mecanismo tradicional al que se ha venido acudiendo ha sido el del Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional, el cual, según doctrina reiterada de dicho Tribunal permite la rescisión de sentencias firmes para la correcta aplicación de una decisión del TEDH cuando se encuentre afectada la libertad de un individuo.

El auto de excarcelación de la etarra Inés del Río dictado por la Audiencia Nacional fue motivado por un escrito de la defensa letrada de aquella pidiendo la excarcelación con motivo de la meritada resolución del TEDH. La Audiencia Nacional, para explicar su competencia funcional (por qué resuelve la cuestión dicho tribunal en lugar de hacerlo una instancia superior), explica en su resolución cómo entiende innecesaria la provocación de un recurso de amparo para que la etarra haga valer la decisión del TEDH. Y para considerarse como operador jurídico obligado por el Convenio explica cómo dicho tribunal, en virtud del respeto a la aplicación de los tratados internacionales aprobados por España que la Constitución establece forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, se siente vinculado a la aplicación directa de la resolución europea en virtud de considerar la misma como parte integrante de las leyes (en su sentido extenso) que la Constitución le encomienda aplicar. Y en cuanto al cauce formal para acoger la ejecución de la sentencia del TEDH que la defensa de la etarra le pide, el tribunal lo hace tomando como instrumento una interpretación del procedimiento de ejecución  de penas privativas de libertad como procedimiento dinámico  en evolución, que tiene su antecedente en anteriores resoluciones de la Audiencia Nacional conjuntamente con la necesidad de corregir la aplicación de los beneficios penitenciarios efectuada a la penada con anterioridad a la resolución del TEDH.

Esta diligente “acogida” y puesta en efecto por parte del tribunal de la resolución del TEDH sin mayores trabas procesales y teniendo como consecuencia la revocación de un Auto firme  dictado por la propia Audiencia Nacional estableciendo el máximo de cumplimiento de la pena (30 años) así como de un Auto estableciendo la liquidación  de la condena de la etarra que fijaba la salida de la cárcel de la misma para el año 2017 puede resultar discutible en cuanto a la forma –como más abajo, al hablar sobre la aplicación de la resolución del TEDH a otros procedimientos, se dirá-, pero menos en cuanto al fondo; en tanto que teniendo la justiciable una resolución a su favor del TEDH sobre su específico asunto que solicita su inmediata puesta en libertad, y dado lo primordial del derecho fundamental afectado (el derecho a la libertad) la dilación en la liberación remitiendo a dicha presa a un Recurso de Amparo -que con toda probabilidad dados los antecedentes, dictaminaría en la misma dirección- no podría sino conceptuarse como deliberadamente torticera y, por tanto, contraria a derecho.

  1. Aplicación de la Sentencia del TEDH a otros procedimientos.

Sin embargo, cosa distinta puede decirse de la aplicación sistemática de la resolución del TEDH a otros procedimientos en que la situación de los presos resulta similar. En este punto lo decisivo es, de un lado, la valoración del peso que la resolución del TEDH tiene como fuente de derecho que han de aplicar los tribunales españoles. Y de otro lado, la consideración de cuál es el cauce procesal oportuno para hacer valer en dichos procedimientos –dentro de los cuales no se ha originado esta resolución- la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Muchos de estos tribunales (Audiencias Provinciales en su mayoría) han procedido a la excarcelación de numerosos reos por el hecho de estar en una situación similar a la de la etarra Inés del Río: haber excedido el tiempo de privación de libertad que le correspondía si se cuenta la redención de su pena debido a la aplicación de beneficios penitenciarios ganados (como el trabajo en prisión) desde el límite máximo de los 30 años de cumplimiento establecidos en el Código Penal al tiempo en que fueron condenados. Sin embargo, no parece que en estos casos la misma solución que en el caso de la etarra pueda aplicarse o al menos no con el mismo automatismo.

En estos asuntos, en primer lugar, no parece tan directamente aplicable la resolución del TEDH en tanto que resolución dictada en vía de recurso por un tribunal “superior” (en este caso un tribunal internacional cuyas decisiones son vinculantes por la firma por el Estado Español de un tratado internacional) dentro del procedimiento (porque como es obvio se trata de otros procedimientos distintos al de dicha etarra). La aplicación de dicha sentencia del TEDH lo será en tanto que fuente inspiradora de derecho, es decir, como jurisprudencia. Y la alegación de dicha jurisprudencia deberá efectuarse por el cauce oportuno. Un escrito dirigido al juzgado en fase de ejecución de la pena no parece ser el cauce adecuado desde el punto en que el tribunal no tendrá mecanismo alguno que activar ante dicho escrito que tenga la fuerza suficiente como para revocar los autos aprobatorios de la pena de cumplimiento máximo y de liquidación de condena que, ya firmes, se dictaron con anterioridad en ese mismo procedimiento.

Esto es así porque, como resulta evidente, la aplicación o no de la denominada doctrina Parot y todas las consideraciones en torno a la distinción entre el máximo de cumplimiento de la pena, la pena convertida, y otras muchas valoraciones que contiene la resolución del TEDH exceden del ámbito propio de una ejecución de sentencia, así como el de la determinación de cuáles son para un caso concreto los beneficios penitenciarios aplicables, y por tanto no puede el tribunal examinarlas y resolverlas con base en el proveído de un escrito presentado al juzgado con una petición de excarcelación. Se estarían dejando sin efectos los anteriores autos firmes dictados en el procedimiento, en dicha misma fase de ejecución, sin un mecanismo procesal que lo legitime. Cabe recordar que el art 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “Los Tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas”;como consecuencia, se estaría vulnerando el principio de seguridad jurídica.

Así, en este supuesto concreto de liberación por la Audiencia Nacional de otro etarra (Juan Manuel Piriz López) la rauda y directa aplicación de la Sentencia del TEDH es tanto más discutible puesto que existía todavía un Recurso de Casación pendiente en el procedimiento, a través del cual pudiera haberse hecho valer la resolución del TEDH habiendo obtenido así un pronunciamiento al respecto del propio Tribunal Supremo, máximo intérprete de la legalidad ordinaria; lo que hubiera sido sin duda mucho más conforme con la estricta observancia de la competencia funcional aplicable al procedimiento.

También le quedaba al justiciable acudir al Tribunal Constitucional por la vía del Recurso de Amparo, con base en la supuesta vulneración del derecho fundamental a la libertad que se cometería por la resolución de dicho tribunal sentenciador español denegando la excarcelación solicitada en dicho escrito.

En esta misma resolución sobre el etarra Piriz, se ha anunciado ya por parte de la doctrina (Voto disidente de D. Ángel Luis  Hurtado Adrián, del Auto de la AN fecha 25/10/13) como mecanismo más solvente para estos supuestos de necesidad de cumplimiento por los tribunales españoles de una resolución del TEDH, el del Recurso de Revisión. Esto va en la línea del Proyecto de Código Penal que lo contempla como uno de sus motivos.

Y, en segundo lugar, respecto a la aplicación de la resolución del TEDH a otros procedimientos,  antes incluso de poner en funcionamiento los mencionados mecanismos sería necesario  que la jurisprudencia patria, es decir nuestro Tribunal Supremo, estableciera los nuevos criterios interpretativos sobre la aplicación no retroactiva de la redención de penas y el límite de los 30 años de cumplimiento. Es decir, diera un vuelco de 180º a la misma doctrina que ya instauró, la denominada doctrina Parot, y así los tribunales tuvieran una fuente de derecho más efectiva –por estar expresamente contenida en nuestro Código Civil- sobre la que soportar lo que vienen siendo sus decisiones de excarcelación apresuradas. Cabe en este punto recordar que jurisprudencia solo es la doctrina que de forma reiterada establece el Tribunal Supremo en sus resoluciones al interpretar la ley, costumbre y principios generales del derecho.Y la propia resolución del TEDH indica en su redactado que son los órganos jurídicos internos del país quienes están en mejor situación que el TEDH para la interpretación del derecho nacional.

En lo que parece ser una diligencia inaudita y con un ánimo de cumplimiento de la resolución de un tribunal no nacional que difícilmente se encuentra entre nuestros tribunales, por más que el derecho fundamental presuntamente afectado –derecho a la libertad- sea de primer orden, asistimos a una serie de efectos desencadenados por la mencionada resolución del TEDH, que se han producido saltando las barreras de los cauces procesales ordinarios, que, por lo común, a todos los justiciables les toca transitar.

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