Archivos del mes: 31 marzo 2014

Modificaciones sobre la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que introduce la Ley 3/2014, de 27 de marzo

 
Escrito por Belén Berlanga, Abogada en Adarve Abogados.

El pasado viernes 28 de marzo se publicó en el BOE la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante, la “LGDCU”), a fin de transponer a derecho interno la Directiva 2011/83/UE.

La norma, en vigor desde el día siguiente de su publicación, introduce significativas modificaciones en el LGDCU tendentes a “reforzar la seguridad jurídica, tanto de los consumidores y usuarios como de los empresarios, eliminando disparidades existentes en la legislación europea de los contratos de consumo que crean obstáculos significativos en el mercado interior”.

Exponemos brevemente algunas de las principales novedades introducidas:

I. Armonización de conceptos y definiciones:

Por una parte, el concepto de “consumidor y usuario” a efectos de la LGDCU engloba tanto a las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión como a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

Por la otra, se define como “empresario” a toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe -incluso a través de otra persona en su nombre y siguiendo sus instrucciones- con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

Asimismo, se incorporan nuevas definiciones al texto que facilitan su interpretación: contrato de venta, contrato de servicios, contrato complementario, establecimiento mercantil, bienes elaborados conforme a las especificaciones del consumidor y usuario, soporte duradero, servicio financiero, subasta pública, contenido digital, garantía comercial.

Artículos 3, 4 y 59 bis LGDCU

II. Información precontractual:

La norma amplía los requisitos de información precontractual exigibles en los contratos celebrados con consumidores y usuarios. Junto con lo hasta ahora previsto en la LGDCU, el empresario deberá informar, entre otras cosas, sobre (i) la existencia y las condiciones de los depósitos y garantías financieras que, en su caso, tengan que pagar o aportar a solicitud del empresario -incluidas aquellas por las que se bloquee un importe en la tarjeta de crédito o débito- y (ii) la existencia de la garantía legal de conformidad de los bienes así como de las condiciones de los servicios posventa y de las garantías comerciales. En relación con los contratos de suministro de contenido digital, el empresario deberá informar sobre las distintas formas de utilización del mismo y cualquier limitación técnica.

Artículos 60 y 60 bis LGDCU

III. Oficinas y servicios de información y atención al cliente:

A efectos de asegurar que el consumidor y usuario tenga constancia de sus quejas y reclamaciones, se le hará entrega de una clave identificativa y un justificante por escrito. Asimismo, los servicios de atención al cliente deberán identificarse claramente en relación con otras actividades de la empresa, prohibiéndose expresamente la utilización de este servicio para el uso y difusión de actividades de comunicación comercial de todo tipo.

Por otro lado, en caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica. A tal efecto, se considera tarifa básica el coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que no incorpore un importe adicional en beneficio del empresario.

Apartados 2 y 3 del Artículo 21 LGDCU

IV. Derecho de desistimiento:

Se amplía el plazo para ejercer el derecho de desistimiento a catorce días naturales (frente a los siete días hábiles previstos hasta ahora). Además, en caso de que el empresario no facilite al consumidor y usuario la información sobre el derecho de desistimiento, se amplía el plazo para desistir del contrato hasta doce meses después de la fecha de expiración del período inicial.

Asimismo, se regula de manera más amplia el derecho de desistimiento en los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento, incorporando un formulario normalizado que el consumidor y usuario podrá utilizar opcionalmente. Por otro lado, la norma contempla la posibilidad de que el empresario ofrezca al consumidor y usuario la opción de cumplimentar el formulario de desistimiento en línea.

Artículo 71; Artículos 102-108

V. Nulidad de cláusulas abusivas:

Se modifica la redacción del artículo 83 LGDCU con objeto de dar cumplimiento a la sentencia del TJUE de 14 de junio de 2012 en el asunto C-Banco Español de Crédito.

El Tribunal estimó que España no había adaptado correctamente a su Derecho interno la Directiva 93/13/CEE en relación con el referido artículo por atribuir a los jueces nacionales la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en los contratos para integrar la parte afectada por la nulidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.258 del Código Civil.

Artículo 83 LGDCU

VI. Contratos celebrados a distancia y contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles:

Siguiendo la técnica jurídica utilizada por la Directiva 2011/83/UE, se procede a regular conjuntamente los contratos celebrados a distancia y los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.

Artículos 92-113 LGDCU

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Campaña de la #Renta2013

Escrito por Mauricio Ticó, Ficalista en Adarve Abogados.

El próximo martes 1º de abril se iniciará la campaña promovida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante AEAT) para que las personas físicas puedan presentar su declaración de la renta dentro del periodo legal que se explicará más adelante. Desde el inicio de esta campaña la AEAT pone a disposición de los contribuyentes el borrador de su declaración de la renta en los siguientes links de su sede electrónica:

Según el Boletín Oficial del Estado del pasado 24 de marzo los contribuyentes que quieran obtener la declaración de la renta deberán comunicar en los links antes citados:

  1. Su número de identificación fiscal (NIF)*,
  2. el importe de la casilla 620 de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2012, (Base liquidable general sometida a gravamen), y
  3. el número del teléfono móvil en el que deseen recibir mediante SMS el número de referencia del borrador o de los datos fiscales.

*En el supuesto de obtención del borrador de declaración por la opción de tributación conjunta deberá hacerse constar también el número de identificación fiscal (NIF) del cónyuge. También podrán obtenerlo los contribuyentes abonados a la notificación electrónica o, en su defecto, en la dirección electrónica habilitada o PIN 24H sin la necesidad de hacer constar el importe de la citada casilla 620. Igualmente lo podrán recibir por correo ordinario las personas físicas que lo hubiesen solicitado así en la declaración de la renta de 2012. PLAZOS DE PRESENTACIÓN: Confirmación de borrador:

  • A partir del 1 de abril hasta el 30 de junio de 2014 si se hace por la vía electrónica o telefónica,
  • a partir del 5 de mayo hasta el 30 de junio de 2014 en el resto de los casos.

Si la cuota sale a ingresar y como medio de pago se elige la domiciliación bancaria el último día para presentar la declaración será el 25 de junio de 2014, salvo que se aplace el pago y únicamente se domicilie el segundo plazo.

NOTA: Recalcamos que la falta de obtención o recepción del borrador de declaración o de los datos fiscales no exonerará al contribuyente de su obligación de declarar.

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Principales novedades introducidas por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

Escrito por Belén Berlanga, Abogada Área Mercantil en Adarve Abogados
 

El pasado sábado 8 de marzo se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (en adelante, el “RDL”), cuyo principal objeto es acometer medidas destinadas a la reestructuración viable de la deuda empresarial que favorezcan el alivio de la carga financiera o “desapalancamiento” de aquellas empresas que, no obstante su elevado endeudamiento, son viables desde un punto de vista operativo. 

La norma se centra en la mejora del marco legal preconcursal  y, en este sentido, modifica diversos aspectos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, la “LC”) que se exponen a continuación: 

  1. Ejecuciones judiciales con carácter previo a la solicitud del concurso. 

Se modifica el artículo 5 bis LC, permitiendo que la presentación de la comunicación de iniciación de negociaciones para alcanzar determinados acuerdos pueda suspender, durante el plazo previsto para llevarlas a efecto, las ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

Asimismo, se permite la suspensión del resto de ejecuciones singulares promovidas por los acreedores financieros referidos en la disposición adicional cuarta LC, siempre que se justifique que un porcentaje no inferior al 51% de pasivos financieros han apoyado el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del acuerdo de refinanciación.

  1. Ejecuciones de garantías reales en el concurso. 

El RDL modifica el artículo 56 LC para limitar los supuestos de suspensión de ejecución de bienes dotados de garantía real a aquellos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional y empresarial.

En particular, no se considerarán necesarias para la continuidad de la actividad las acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiación.

  1. Acciones de reintegración: acuerdos de refinanciación. 

Lo que hasta ahora había sido recogido en el apartado 6 del artículo 71 LC como supuesto de no rescindibilidad de los acuerdos de refinanciación, se recoge separadamente en el artículo 71 bis junto con un nuevo supuesto.

En el apartado 1 se mantiene lo esencial de la regulación prevista anteriormente, si bien se clarifica su extensión, que comprenderá los negocios, actos y pagos, cualquiera que sea su naturaleza, que permitan la ampliación significativa del crédito o la modificación o extinción de obligaciones. Adicionalmente, se elimina la necesidad de informe de experto independiente, sustituyéndola por certificación de auditor de cuentas.

En el apartado 2 se introduce un nuevo supuesto que permite la no rescisión, sin necesidad de alcanzar determinadas mayorías de pasivo, de los acuerdos alcanzados entre el deudor con uno o más acreedores que no puedan acogerse al régimen previsto en el apartado 1. Se configura, de este modo, una posibilidad más de acuerdo entre deudor y acreedor que es más restrictiva que la anterior en cuanto a los supuestos, pero más laxa en cuanto a los intervinientes.

  1. Incentivos a la financiación: 

La disposición adicional segunda del RDL prevé un régimen extraordinario, con un plazo de vigencia de dos años desde la entrada en vigor de la norma,  que atribuye la calificación de crédito contra la masa a la totalidad de los créditos que originen nuevos ingresos de tesorería (ex artículo 84.2.11º LC) con causa en un acuerdo de refinanciación y los realizados por el propio deudor o personas especialmente relacionadas.

Asimismo, se modifica el apartado 2 del artículo 92 LC para exceptuar de la consideración de “personas especialmente relacionadas” a efectos de calificar un crédito como subordinado, a los acreedores que hubieran capitalizado todo o parte de sus créditos en cumplimiento de un acuerdo de refinanciación. 

  1. Homologación judicial de los acuerdos de refinanciación. 

El RDL acomete una revisión del régimen de homologación judicial de los acuerdos de refinanciación previsto en la disposición adicional cuarta LC y, en este sentido:

(i) Se amplía el ámbito subjetivo, extendiéndose la posibilidad de suscribir este acuerdo a todo tipo de acreedores de pasivos financieros.

(ii) Se posibilita la extensión a los acreedores disidentes o no participantes de otras medidas acordadas en el seno del acuerdo de refinanciación adicionales a las esperas (quitas, capitalización de deuda y cesión de bienes en pago o para pago).

(iii) Se prevé la posibilidad de extender los efectos del acuerdo de refinanciación a determinados acreedores con garantía real.

 (iv) Se simplifica el procedimiento de homologación judicial en aras a garantizar la celeridad y flexibilidad de esta fase preconcursal.

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La tarifa plana llega a la Seguridad Social

robertoantunez

Roberto Antunez, Área Fiscal, Adarve Abogados

En un intento de dinamizar el mercado laboral el legislador ha aprobado el pasado sábado día 1 de Marzo el Real Decreto–Ley 3/2014, de 28 de febrero, en el que se aprueba la llamada tarifa plana que va destinado exclusivamente a la contratación indefinida.

En cuanto a las características principales que especifica dicho Real Decreto para beneficiarse de dicha tarifa plana, pasamos a continuación a detallarlas:

– Se beneficiarán solo aquellas contrataciones realizadas desde el 25/02/2014.

– Tipos de contratos que se benefician: únicamente el indefinido a tiempo completo: En este caso la cuota por contingencias comunes empresarial se reducirá a 100€ mensuales; si fuese a tiempo parcial también gozaría de la reducción en proporción.

– Duración de la reducción: 24 meses desde la contratación.

– Plazo: contratos formalizados entre el 25/02/2014 y el 31/12/2014. Es decir solo estará vigente durante este año 2014.

– Finalizado el plazo de 24 meses, se seguirá gozando de una bonificación del trabajador del 50% de la cuota empresarial por contingencias comunes si la empresa cuenta con menos de 10 trabajadores.

Los requisitos que tiene que cumplir la empresa son los siguientes:

– Estar al corriente de sus obligaciones tanto de la Seguridad Social como con Hacienda durante la reducción. Si se incumpliese las obligaciones durante dicha duración de reducción (24 meses) se perderá la misma automáticamente a partir del mes de incumplimiento.

– No haber extinguido contratos de trabajo por causa objetivas o por despidos disciplinarios que hayan sido declarados judicialmente como improcedentes. A efectos de cumplimiento de este requisito no se tienen en cuenta las extinciones laborales producidas antes de 25/02/2014.

– Los contratos indefinidos que se celebren tendrán que suponer un incremento tanto del empleo indefinido como de la plantilla media de la empresa.

Mantener dichos niveles durante un periodo de 36 meses a contar desde la fecha del contrato celebrado.

Se excluyen expresamente de este tipo de reducciones:

– Las relaciones laborales de carácter especial, (art. 2 ET) principalmente referidas a personal de alta dirección y servicio del hogar familiar.

– Las contrataciones de cónyuge, ascendientes o descendientes de 2º grado por afinidad. Se exceptúan los hijos menores de 30 años contratados por trabajadores autónomos, aunque convivan con él, no obstante no tendrán derecho a la cobertura por desempleo.

– Contratación de trabajadores que hubiesen estado contratados en otras empresas del grupo en los 6 meses anteriores a la celebración del contrato.

– Contratación de trabajadores que durante los 6 meses anteriores a la fecha del contrato hubiesen prestado servicios en la misma empresa mediante un contrato indefinido. Hay que tener en cuenta que aunque se trasforme un contrato temporal en indefinido no cabría la reducción al no cumplirse el requisito de aumento de plantilla, por lo que implícitamente se descartan las conversiones de contratos en vigor.

Volvemos a recodar que la reducción solo afecta a la cotización de contingencias comunes del empresario, el resto de tipos de cotización permanecen inalterados, así mismo la cotización por contingencias comunes del trabajador tampoco sufre modificación alguna por el Real Decreto mencionado, es más, cabe la posibilidad que el trabajador pague mayor importe por contingencias comunes que el empresario.

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Avances mercantiles actuales y signos externos de evolución legislativa

Escrito por Marc Gil Van Beveren, Director del Departamento Mercantil  y Bancario de Adarve Abogados. Para la revista de la Asociación de Antiguos Alumnos del CEF.

Las crisis mundiales nunca dejaron, por único legado, un umbral de desolación en el desarrollo del ideario humano en todas sus facetas, incluida la jurídica. Periodos como el que actualmente atravesamos son objeto de un notable crecimiento cognitivo colectivo así como de búsqueda de soluciones y medidas concretas que ayudan a paliar los estragos que la economía causa –en el día a día– sobre administrados y operadores privados. Soluciones y medidas que, para intentar ayudar en la medida de lo posible, también proceden  desde la esfera pública.

Sirva el anterior párrafo para introducir la ya conocida propuesta de la Comisión General de Codificación que, con la intención de favorecer la actividad económica mediante normas que garantizan la unidad de mercado, presentó (20 de junio de 2013) la Propuesta del Nuevo Código Mercantil que recopila e integra en un único texto toda la legislación mercantil existente e incorpora materias que hasta ahora carecían de regulación legal pero que son ya totalmente habituales en el actual tráfico mercantil.

Las voces contrarias a la actual propuesta dudan de que las exigencias y demandas sociales actuales requieran de una nueva compilación en materias tan cambiantes y dinámicas como las actuales relaciones contractuales, tanto en la vertiente civil como la mercantil. El sistema actual está provisto de una buena regulación sectorial y un sistema dotado de una contrastada publicidad que ya lo hace viable. Las críticas hacia la especial relevancia que determinadas figuras poco utilizadas en nuestro tráfico mercantil (las sociedades anónimas y modificaciones que solo se implementarán en grandes cotizadas) son para tenerlas en cuenta, pues nuestro tejido social mercantil está compuesto en su mayoría por protagonistas que no son únicamente de primera fila.

Probablemente deban fijarse ciertos mínimos sobre los que desarrollar el futuro Código y es en ese camino donde hay que prestar atención. No obstante, el trabajo de casi siete años, de un extraordinario equipo de reputados juristas no puede –ni debe– ser analizado desde un prisma negativo, sino todo lo contrario. La propuesta sufrirá algún que otro debate y tal vez alguna modificación, pero es un progreso en sí misma. Y un avance. Las mejores ideas surgen en tiempos de catarsis ideológica. No estamos quietos y eso es positivo: el barco navega.

Uno de los cambios societarios más prácticos y llamativos ha sido la regulación de la página web como herramienta social de información a partícipes y accionistas

En la misma línea, el pasado 28 de septiembre se publicó en el BOE la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que regula, entre otras, la figura del emprendedor. Es una ley ambiciosa que modifica una amplia esfera normativa dejando libre de remiendos tan solo temas penales e inmobiliarios. No obstante de sus numerosas modificaciones en nuestro derecho objetivo, entre las que destacan simplificaciones burocráticas para la práctica mercantil, modificaciones importantes en la ley concursal, normativa laboral o extranjería, su viabilidad se supeditará a la apertura del flujo crediticio bancario, verdadero problema a corto plazo en nuestro tejido empresarial.

Estos cambios –viables en la práctica, pero de ninguna manera definitivos– son una declaración de intenciones pero no la solución al problema intrínseco del actual estancamiento mercantil. Su aplicación práctica se verá en un futuro y debería llevar aparejada obligatoriamente un avance en el acceso privado al crédito, incentivado en lo posible desde administración. De nada sirve la simplificación burocrática si un apoyo económico al emprendedor. El acceso crediticio se convierte en requisito indispensable.

La evolución legislativa en el ámbito mercantil en el último decenio ha sido prolífica y notable. Por citar algunos de los principales cambios normativos: la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, o el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y todas y cada una de las posteriores modificaciones de cada una de ellas.

Uno de los cambios societarios más prácticos y llamativos ha sido la regulación de la página web como herramienta social de información a partícipes y accionistas, así como su utilización como medio de convocatoria de las juntas generales. Se regula específicamente en la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, que introduce el artículo 11 bis en la LSC y legaliza la página web de las sociedades de capital como herramienta de gestión social.

¿Es obligatorio que la sociedad tenga una web corporativa? ¿Qué debe publicar en ella la sociedad? ¿Con qué periodicidad? ¿Quién es competente para crearla? ¿Quién puede modificarla? ¿Qué ahorro de coste puede suponer para la sociedad?

A modo  resumen:

•    Solo las sociedades cotizadas tienen la obligación de tener una página web corporativa para atender el derecho de información de los accionistas y difundir la información relevante de la sociedad.  A las no cotizadas se las faculta, pero no obliga.

•    Los socios, reunidos en junta general, son quienes adoptan el acuerdo de creación de la página web. En ella pueden acceder a determinados documentos y satisfacer su derecho de información y se les faculta para realizar comunicaciones electrónicas, circunstancia hasta la fecha no contemplada en nuestra normativa societaria.

¿Quién está facultado para crearla, suprimirla o modificarla?

Su creación es competencia de la Junta General, pero para suprimir, modificar o trasladar la misma estará facultado el órgano de administración, salvo que estatutariamente estuviera prevista disposición en contrario.

Hasta que la creación de la página web no se publique en el BORME, todos aquellos actos o documentos publicados en ella no tendrán efectos jurídicos.

¿Puede la sociedad hacer la convocatoria de la Junta General vía web?

Si está la página web inscrita y publicada en el BORME se convocará por este medio. Si no, se hará por los medios tradicionales: publicación en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. Pero los estatutos pueden establecer si se deben convocar por comunicación individual y escrita a todos los socios. La convocatoria web puede ir también acompañada de sistemas de alerta personal a los socios (correo electrónico o móvil).

Este cambio supone un notable avance en cuanto ahorro de costes (la inserción de comunicaciones en los diarios podría rondar los 1.000 euros). Acuerdos relativos a determinado tipo de actos, como reducciones de capital, o aquellos relacionados con las modificaciones estructurales, deben ser publicados junto con la documentación relativa al respecto.

Conviene adaptarse a los tiempos. En los tres ejemplos citados hay que destacar lo impredecible: las medidas complementarias que necesitarán de un empuje externo al ámbito mercantil para que funcionen de manera efectiva. No obstante, todos son cambios evolutivos y reflejo del trabajo en el sector en el que nos movemos. El barco sigue navegando.

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