Principales novedades introducidas por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

Escrito por Belén Berlanga, Abogada Área Mercantil en Adarve Abogados
 

El pasado sábado 8 de marzo se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (en adelante, el “RDL”), cuyo principal objeto es acometer medidas destinadas a la reestructuración viable de la deuda empresarial que favorezcan el alivio de la carga financiera o “desapalancamiento” de aquellas empresas que, no obstante su elevado endeudamiento, son viables desde un punto de vista operativo. 

La norma se centra en la mejora del marco legal preconcursal  y, en este sentido, modifica diversos aspectos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, la “LC”) que se exponen a continuación: 

  1. Ejecuciones judiciales con carácter previo a la solicitud del concurso. 

Se modifica el artículo 5 bis LC, permitiendo que la presentación de la comunicación de iniciación de negociaciones para alcanzar determinados acuerdos pueda suspender, durante el plazo previsto para llevarlas a efecto, las ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

Asimismo, se permite la suspensión del resto de ejecuciones singulares promovidas por los acreedores financieros referidos en la disposición adicional cuarta LC, siempre que se justifique que un porcentaje no inferior al 51% de pasivos financieros han apoyado el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del acuerdo de refinanciación.

  1. Ejecuciones de garantías reales en el concurso. 

El RDL modifica el artículo 56 LC para limitar los supuestos de suspensión de ejecución de bienes dotados de garantía real a aquellos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional y empresarial.

En particular, no se considerarán necesarias para la continuidad de la actividad las acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiación.

  1. Acciones de reintegración: acuerdos de refinanciación. 

Lo que hasta ahora había sido recogido en el apartado 6 del artículo 71 LC como supuesto de no rescindibilidad de los acuerdos de refinanciación, se recoge separadamente en el artículo 71 bis junto con un nuevo supuesto.

En el apartado 1 se mantiene lo esencial de la regulación prevista anteriormente, si bien se clarifica su extensión, que comprenderá los negocios, actos y pagos, cualquiera que sea su naturaleza, que permitan la ampliación significativa del crédito o la modificación o extinción de obligaciones. Adicionalmente, se elimina la necesidad de informe de experto independiente, sustituyéndola por certificación de auditor de cuentas.

En el apartado 2 se introduce un nuevo supuesto que permite la no rescisión, sin necesidad de alcanzar determinadas mayorías de pasivo, de los acuerdos alcanzados entre el deudor con uno o más acreedores que no puedan acogerse al régimen previsto en el apartado 1. Se configura, de este modo, una posibilidad más de acuerdo entre deudor y acreedor que es más restrictiva que la anterior en cuanto a los supuestos, pero más laxa en cuanto a los intervinientes.

  1. Incentivos a la financiación: 

La disposición adicional segunda del RDL prevé un régimen extraordinario, con un plazo de vigencia de dos años desde la entrada en vigor de la norma,  que atribuye la calificación de crédito contra la masa a la totalidad de los créditos que originen nuevos ingresos de tesorería (ex artículo 84.2.11º LC) con causa en un acuerdo de refinanciación y los realizados por el propio deudor o personas especialmente relacionadas.

Asimismo, se modifica el apartado 2 del artículo 92 LC para exceptuar de la consideración de “personas especialmente relacionadas” a efectos de calificar un crédito como subordinado, a los acreedores que hubieran capitalizado todo o parte de sus créditos en cumplimiento de un acuerdo de refinanciación. 

  1. Homologación judicial de los acuerdos de refinanciación. 

El RDL acomete una revisión del régimen de homologación judicial de los acuerdos de refinanciación previsto en la disposición adicional cuarta LC y, en este sentido:

(i) Se amplía el ámbito subjetivo, extendiéndose la posibilidad de suscribir este acuerdo a todo tipo de acreedores de pasivos financieros.

(ii) Se posibilita la extensión a los acreedores disidentes o no participantes de otras medidas acordadas en el seno del acuerdo de refinanciación adicionales a las esperas (quitas, capitalización de deuda y cesión de bienes en pago o para pago).

(iii) Se prevé la posibilidad de extender los efectos del acuerdo de refinanciación a determinados acreedores con garantía real.

 (iv) Se simplifica el procedimiento de homologación judicial en aras a garantizar la celeridad y flexibilidad de esta fase preconcursal.

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