Archivos del mes: 29 mayo 2014

Yingke Law Firm, primer despacho de abogados chino, aterriza en España

Yingke Law Firm, el mayor bufete de la zona Asia – Pacífico, entra en el mercado legal español de la mano de Adarve Abogados a través de una alianza estratégica y de marca.

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Yingke (www.yingke.com) es ahora el primer bufete en tamaño de la zona Asia – Pacífico, con 24 oficinas en China y otras 19 repartidas en el resto del mundo configurándose como un despacho de abogados internacional y full-service con más de 2.400 abogados. Con el establecimiento de sus sucursales en el extranjero, ha construido un auténtico puente legal, asesorando a empresas extranjeras en su entrada en el mercado chino así como a compañías chinas en su expansión internacional. Aparte de ofrecer servicios legales tradicionales, también presta sus servicios en materia de desarrollo de negocio, identificando oportunidades de inversión en los países “target” y en China, gracias a su amplia red local y global.

Su oficina en España estará situada en Madrid, de la mano del despacho español Adarve Abogados. La inauguración oficial de la oficina española de Yingke tendrá lugar el 5 de junio de 2014 a las 19h.

Esta operación permitirá atender de forma integral a potenciales clientes chinos en España así como a empresas españolas en China o en otras jurisdicciones del mundo donde la firma china presta sus servicios, facilitando el comercio exterior y las exportaciones, y permitiendo incrementar los intercambios comerciales entre ambos países a través de un asesoramiento legal óptimo. En definitiva, gracias a la apertura de esta oficina, Yingke y Adarve pretenden contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre las empresas involucradas en inversiones y negocios entre China y España.

Adarve empezará a operar bajo la marca Yingke Adarve Law Firm para todos los asuntos relacionados con esta alianza.

Los periodistas e instituciones interesados en asistir al cóctel de inauguración, entrevistar a los dirigentes de Yingke, u obtener material adicional sobre esta alianza, pueden ponerse en contacto con nuestro departamento de comunicación:

Laura Fauqueur
Laura.fauqueur@yingke.es
Laura.fauqueur@adarve.com
+34 91 591 30 60 / +34 650 95 98 59

En prensa:

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Traslado de domicilio, cuestión delicada

Escrito por Roberto Antunez, Departamento Fiscal en Adarve Abogados.

El hecho de realizar un simple traslado de domicilio, ya sea de una empresa o de una persona física, dentro del territorio español, no debería suponer ninguna traba, más allá de la carga administrativa que conllevaría dicho traslado. Sin embargo, y como vamos a ver, esta decisión puede provocar que su empresa o patrimonio esté en el punto de mira de la Administración tributaria competente.

Para profundizar en el problema debemos saber qué interpreta la Administración, de forma general, por “domicilio fiscal”.

La diferencia más significativa  a estos efectos será la de si se ejerce o no alguna actividad económica.

– En el caso de personas físicas que no ejerzan actividad económica, se considera como domicilio su residencia habitual durante 3 años continuados, salvo que a pesar de no haber trascurrido dicho plazo, se produzcan circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, como por ejemplo, la celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, cambio de empleo o situaciones análogas justificadas.

– Para el caso de personas jurídicas y físicas que sí ejerzan algún tipo de actividad económica, se considerará domicilio fiscal donde tengan centralizada su gestión administrativa y la dirección de negocios. No obstante, cuando no se pueda determinar por dicho supuesto, se considerará que el domicilio radica donde se tenga el mayor inmovilizado.

En este último caso, si se ejercen actividades económicas nos encontramos con algunas empresas que aún aplicando los criterios antes mencionados seguirían generando dudas razonables a la hora de determinar su domicilio fiscal, pues existen actividades que no tienen porque desarrollarse en un domicilio fijo, como por ejemplo actividades de software o inversiones de capital, pudiendo realizarse indistintamente en un lugar u otro, lo que provocaría por lo menos una duda razonable a la hora de aplicar lo que se entiende como domicilio fiscal de dicha empresa.

Lo anterior no tendría mayor importancia que la burocrática si hubiese un régimen tributario uniforme en todo el Estado español; pero como sabemos, el sistema de autonomías establecido provoca que algunas de ellas tengan una tributación más “benévola” para sus residentes que otras, lo que conlleva  que algunas empresas o personas modifiquen sus domicilios en base a un criterio económico únicamente basado en la menor tributación, decisión considerada por la Administración como fraude de ley.

Es en esta situación donde precisamente los organismos fiscalizadores de cada ente autonómico competente detectan e investigan minuciosamente dichos traslados de domicilio, desencadenando inevitablemente una comprobación limitada del motivo del traslado, intentando detectar el fraude de ley producto de la decisión de cambiar el domicilio por el mero hecho de tributar menos.

Recordemos que la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, en su artículo 4, deja la puerta abierta para que cualquier Administración requiera las informaciones que precisen de otras administraciones en el ejercicio de sus propias competencias; sin embargo y en la práctica, esto está lejos de la realidad, ya sea por motivos políticos o por motivos burocráticos, en los que no vamos a entrar, no se suele intercambiar automática y constantemente información fiscal de los contribuyentes,  lo que puede provocar que incluso la Administración competente se interese, más aun si cabe, por la modificación del domicilio.

Esto último, la falta de información entre administraciones, lo podemos corroborar, por ejemplo, cuando se traslada una empresa de un domicilio foral al estatal, donde debe darse una comunicación censal de alta y otra de baja en cada una de las aministraciones, cuando lo lógico es que la Administración competente del alta traslade la información de que se ha realizado un traslado de domicilio, y se le remita desde la antigua Administración competente toda información tributaria que tenga en sus archivos.

Todas estas circunstancias planteadas determinan que la decisión de la empresa de un cambio de domicilio no se deba llevar a cabo de forma improvisada, y que tenga aparejadas una serie de actuaciones que demuestren a la Administración competente que no existe fraude de ley, siendo  de especial sensibilidad las actuaciones llevadas a cabo durante el propio traslado y el año tributario posterior; por ello aconsejamos que, en cada caso especifico, se estudie y planifique previamente dicha decisión del traslado, para que no estemos en una situación comprometida y de difícil justificación ante la Administración tributaria correspondiente, provocando que el contribuyente sea requerido para aclarar las dudas que surjan en la Administración.

Finalmente, hay que recordar que, en cualquier caso, son los últimos cuatros años los que se podrían inspeccionar, y esto aunque se traslade de otro régimen, sea persona jurídica o persona física.

Aprobación del Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

Escrito por Belén Berlanga, Departamento Mercantil de Adarve Abogados
 

El pasado martes 6 de mayo se publicó en el BOE el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (en adelante, el “Reglamento”).

La norma, que llega con tres años de retraso respecto al plazo indicado en la disposición adicional quinta de la Ley 10/2010, desarrolla y concreta el enfoque que deben dar los sujetos obligados a la normativa preventiva en España y se presenta como un instrumento que incrementará la eficiencia de las medidas a adoptar y va a permitir cierta flexibilidad, estableciendo un margen de adaptación de su aplicación a la realidad específica de la actividad que cada sujeto desarrolla.

El Reglamento reproduce en gran medida lo previsto en la Ley 10/2010 a la vez que introduce varias de las propuestas planteadas sobre el último borrador sometido a audiencia pública en pasado mes de septiembre de 2013. Entre las novedades introducidas por el Reglamento, podemos destacar las siguientes:

Titular real

Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la persona jurídica, se considerará que ejerce dicho control el administrador o administradores. Cuando el administrador designado sea una persona jurídica, se entenderá que el control es ejercido por la persona física nombrada por el administrador persona jurídica.

En relación con los clientes existentes a la fecha de entrada en vigor del Reglamento, la inclusión por los sujetos obligados en sus archivos de clientes de los administradores como titulares reales de las personas jurídicas, se realizará en un plazo máximo de dos años a contar desde la entrada en vigor del Reglamento (ex artículo 8.b).

Medidas de control interno a implantar por los sujetos obligados

Los sujetos obligados de menor tamaño (es decir, aquellos que ocupen menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general no supere los 2 millones de euros), quedan exceptuados de determinadas obligaciones en cuanto a las medidas de control interno a adoptar (ex artículo 31.1).

Fichero de Titularidades Financieras

Si bien todavía no hay fecha para su entrada en funcionamiento (aunque deberá hacerse dentro del plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor del Reglamento), se desarrolla el artículo 43 de la Ley 10/2010, regulando el contenido, funcionamiento y posibilidades de acceso de estos ficheros (ex artículos 50 y ss).

Acceso a la información por la AEAT

La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá requerir y obtener la información que los sujetos obligados posean o gestionen como consecuencia de las obligaciones de diligencia derivadas de la Ley 10/2010 (ex disposición adicional tercera).

Medidas de diligencia debida

Los sujetos obligados podrán comprobar la actividad profesional o empresarial declarada por los clientes mediante visitas presenciales a las oficinas, almacenes o locales indicados como lugares donde éstos ejercen su actividad mercantil (ex artículo 10.3).