Nueva reforma de la Ley Concursal. La enésima, no: lo siguiente

Escrito por Ramón Gutiérrez del Álamo Gil, Socio, Director del Área Procesal en Adarve Abogados.

Cuando, el día 6 de septiembre se publicó en el BOE la reforma de la Ley Concursal operada por Real Decreto-Ley 11/2014, escribí un comentario titulado “La enésima reforma de la Ley Concursal”. Solo veinticinco días después, el pasado 1 de octubre, se ha publicado una nueva modificación de la maltrecha Ley Concursal (Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial).

Es cierto que esta Ley no supone grandes novedades, pues su contenido coincide en buena parte con el del Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, que llevaba el mismo título. Una vez homologado aquel Real Decreto-Ley, el Congreso decidió tramitarlo como ley, siendo el resultado la norma que ahora comentamos.

Sin embargo, durante la tramitación parlamentaria se han introducido en el texto del Real Decreto-Ley, ya conocido desde marzo, algunas novedades que afectan fundamentalmente al régimen de la administración concursal, y que no entrarán en vigor mientras el Gobierno no apruebe el desarrollo reglamentario correspondiente, para lo cual cuenta con un plazo de seis meses:

En primer lugar, se modifica el régimen de nombramiento de los administradores concursales, que ahora serán nombrados por turno correlativo entre los que se hallen inscritos en la sección cuarta del Registro Público Concursal –sección que se crea con esta ley-.

En segundo lugar, se modifican los requisitos para ser administrador concursal. Además de exigirse la inscripción en la nueva sección cuarta del Registro Público Concursal, el legislador se remite a un reglamento que deberá aprobar el Gobierno, en el que se regularán los requisitos que habrán de cumplir quienes quieran inscribirse como administradores concursales. Estos requisitos podrán referirse, tanto a la titulación requerida, como a la experiencia que deba acreditarse, y se abre incluso la posibilidad de que el Gobierno establezca la obligatoriedad de realizar un curso o prueba para el acceso. Sin duda, quienes ya han sido administradores concursales, habrán visto aquí una oportunidad de dedicarse a la formación de nuevos administradores.

El tercer aspecto que se modifica en cuanto al régimen de la administración concursal, afecta a su retribución. Deberá aprobarse un nuevo arancel que determine la remuneración de los administradores concursales, y para ello el legislador modifica los criterios que han de tenerse en cuenta para la elaboración del arancel. Mientras anteriormente debía atenderse –entre otros criterios- a la complejidad previsible del concurso, este concepto indeterminado se sustituye ahora por dos criterios más concretos: el número de acreedores y el tamaño del concurso.

Además, se introduce una nueva regla que habrá de seguir necesariamente el nuevo arancel: la eficiencia. De este modo, el juez podrá reducir la retribución inicialmente fijada cuando el administrador concursal incumpla sus obligaciones, o las cumpla con retraso o con calidad deficiente.

Otra modificación que no constaba en el Real Decreto-Ley de marzo y que ha sido introducida durante la tramitación parlamentaria consiste en un mandato al Gobierno para que impulse el desarrollo de un código de buenas prácticas para la reestructuración viable de la deuda empresarial con las entidades de crédito.

El resto del contenido de la Ley es el que ya se conocía, por coincidir con el contenido del Real Decreto-Ley de marzo. Por ello, en este momento no nos detenemos en su análisis, y nos limitaremos a una breve referencia a las novedades más relevantes, a modo de recordatorio:

  • La llamada comunicación preconcursal del artículo 5 bis permitirá ahora suspender las ejecuciones de garantías reales sobre bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.
  • Para que se suspenda la posibilidad de ejecución de bienes sujetos a garantía real (hipotecados o pignorados) ya no basta con que esos bienes estén afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado, sino que se exige que sean necesarios para la continuidad de dicha actividad.
  • Se suavizan levemente los requisitos que deben cumplir los acuerdos de refinanciación previos al concurso para que no sean rescindibles. Se abandona por fin la referencia al “experto independiente”, de manera que ahora es el auditor del concursado quien deberá emitir informe favorable al acuerdo. Y si el concursado no tuviera auditor, nombrará uno el Registrador Mercantil.
  • Además se introduce un nuevo supuesto en que los acuerdos de refinanciación no podrán ser rescindidos; y ello aunque no reúnan todos los requisitos exigidos con carácter general.
  • Una vez aprobado un acuerdo de refinanciación, determinados efectos de éste se extienden también a los acreedores financieros que no hayan votado o incluso que se hayan opuesto al acuerdo (pero solamente afectará a los créditos no cubiertos por garantía real).
  • Se introduce, a los efectos de los acuerdos de refinanciación, el concepto de “valor de la garantía real”, que posteriormente ha sido ampliado por el Real Decreto-Ley 11/2014. No todo crédito asegurado con garantía real va a ser calificado como crédito especialmente privilegiado, sino que solamente lo será la parte del crédito que quede cubierta verdaderamente por el valor de la garantía. Con esto se trata de evitar que un mismo bien gravado con varias hipotecas determine que todos los créditos hipotecarios se califiquen como especialmente privilegiados, cuando en realidad el valor del bien solamente podrá cubrir el importe del primero de los créditos, y quizá no completamente.
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