Archivos del mes: 19 noviembre 2014

¿A quién pertenecen los meteoritos que caen en España?

Escrito por Guzmán López y Miguel, Socio Director del Dpto. Derecho Inmobiliario y Urbanismo en Adarve Abogados

Cada cierto tiempo se aborda esta pregunta en la prensa y en foros de aficionados a la astronomía y geología, sobre todo cuando un meteorito cae en algún país, o con más fuerza aún, cuando cae en España (en 2007 cerca de Puerto Lápice (Ciudad Real), y otro en Villalbeto de la Peña (Palencia) en 2004)

La respuesta recurrente es que hay un “vacío legal” (sic), y que “no son de nadie” sino del primero que lo encuentra, de modo que los “cazameteoritos” pueden buscarlos, llevárselos y venderlos sin ninguna traba legal.

Discrepo radicalmente.

Para empezar, por definición, en un ordenamiento jurídico no existen (o no deben teóricamente existir) vacíos legales, dado que es un todo armonioso que regula y prevé todo lo que acontezca en el territorio donde se aplica, a través de las propias previsiones legales y con figuras como la analogía de ley, principios generales del derecho y usos y costumbres, si llegase el caso.

Por tanto, la propiedad y regulación de los meteoritos debe estar contenida de alguna forma en el ordenamiento jurídico español, la cuestión es dónde.

De este modo, analicemos a continuación los meteoritos desde una perspectiva jurídica:

Los meteoritos son una “res nullius” (carecen de dueño antes de su caída en territorio bajo soberanía española), son bienes apropiables y susceptibles de posesión material y detentación física, son bienes muebles, y en principio están “en el comercio de los hombres” (respecto a esto último alguien discrepará alegando tal vez los tratados internacionales del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes, que no permiten la apropiación y explotación comercial minera de cuerpos celestes, pero que no los estimo aplicables a este caso, pues el material ha venido por si solo a la Tierra, no hemos ido a recolectarlo expresamente al cuerpo celeste, que es lo que se prohíbe).

Constatado lo anterior, que no debería ser en principio objeto de discrepancia jurídica, nos encontramos ante un bien mueble sin dueño  que cae del espacio exterior y se precipita sobre una parcela de terreno de propiedad privada o pública, según su definición y calificación conforme al Código Civil y a las leyes de patrimonio de las Administraciones Públicas estatal y autonómicas aplicables. Y en España absolutamente todos los bienes inmuebles tienen un propietario definido (y por defecto, está regulado que sea el Estado).

¿De quién es ese objeto que ha caído sobre esa parcela concreta?

Entiendo que hay que distinguir al menos dos situaciones fácticas:

  • Si el meteorito calló en tiempo inmemorial y ya forma parte del terreno desde hace miles o millones de años: el meteorito se encuentra ya incorporado al terreno, al suelo, por el paso del tiempo, forma parte del material del mismo, y por tanto, será propiedad del dueño de la parcela (como lo sería cualquier otra piedra del terreno). Ningún “cazameteoritos” puede por tanto meterse sin permiso del dueño en propiedad ajena para buscar, escarbar y llevarse un meteorito que forma parte del citado suelo. Y si así lo hiciese, en mi opinión, cometería un delito de allanamiento de una propiedad inmueble contra la voluntad de su dueño en concurso con un delito o falta de hurto (según el valor del meteorito).

  • Si el meteorito cayese en la actualidad, pasará por derecho de accesión (art.353 Código Civil) a formar parte del terreno, y por ello a ser propiedad del dueño del citado terreno. En consecuencia, el “cazameteoritos”, salvo que entre en la parcela, lo extraiga y se lo lleve con permiso expreso del dueño del predio, cometerá asimismo un delito o falta de hurto en concurso con un posible allanamiento de inmueble.

Y si el meteorito cayese en un terreno público, igualmente será propiedad de la Administración titular del citado terreno (podrá discutirse si de dominio público o patrimonial, inclinándome por la primera).

Otra alternativa a lo anterior, si bien dudosa, sería tratar a los meteoritos por analogía conforme a la regulación de los “tesoros” en el Código Civil (art.352 y siguientes), lo que daría derechos de propiedad o económicos al descubridor del mismo (pero el obstáculo es que la definición de tesoro en el Código Civil requiere ser un “depósito”, que entiendo que requiere un acto voluntario humano de esconderlo ahí, y no la casualidad de la caída desde el espacio sin intervención humana. Además, se requiere de la “casualidad” su hallazgo, y los “cazameteoritos” van precisamente a buscarlos a propósito y con base científica según el lugar del impacto, no los encuentran al azar). De modo que entiendo que no cabe, en principio, aplicar ni siquiera por analogía la regulación del hallazgo de tesoro oculto.

Otras posibilidad más, en cambio, sería aplicar los art.615 y 616 del código civil, sobre hallazgo de bienes que no sean legalmente tesoros, y que si careciesen de dueño, tras dos años pasarían a propiedad del descubridor, si no se presentase su propietario (y aquí entraría en juego la polémica jurídica de si el propietario del terreno se le reconoce como propietario del meteorito que pueda reclamarlo por el mero hecho de haber caído sobre su terreno y ser de su propiedad por derecho de accesión del art. 353 del Código Civil)

Esta es la relativamente clara regulación desde un punto de vista estrictamente civil pero ¿están los meteoritos sujetos también a alguna otra  ley?

La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español señala que hay que proteger los bienes “de interés científico”, concepto donde podrían entrar los meteoritos, pero no los menciona expresamente (aunque dudo que nadie niegue que los son).

Ello implicaría, en mi opinión, que a los meteoritos como bienes del Patrimonio Histórico Español se les aplicaría la legislación de patrimonio.

Un paso más de protección sería incluirlos de oficio por la Administración en el Inventario General de Bienes Muebles (art.26 de la Ley 16/1985), lo que no afecta a la regulación sobre la propiedad de los mismos, sino al régimen de su protección (expoliación), goce, uso, enajenación a terceros (con derecho de tanteo y retracto del Estado) y exportación fuera de España (con la posible comisión de un delito de contrabando). Asimismo, implica la obligación de unos cuidados, exhibición pública, acceso científico y, en su caso, expropiación (art.36 de la Ley 16/1985).

Además, habría que plantearse la posibilidad de, incluso a instancia de un particular, abrir inmediatamente (art.10 y 11 Ley 16/1985) un expediente de Declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) a cada meteorito que se encuentre casualmente o bien que caiga conocidamente en territorio español, a fin de protegerlo a la mayor brevedad contra su venta especulativa, fragmentación o exportación incontrolada. El inicio del citado expediente ya bastaría para aplicarle la legislación protectora de patrimonio, cualquiera que resultase finalmente su dueño a efectos civiles.

Por tanto, resumidamente, el régimen legal del meteorito sería éste: su propiedad se adquirirá conforme al art. 353 del Código Civil –si la caída es reciente-, pero su uso, explotación, conservación, enajenación y exportación estará condicionada y limitada por la legislación de Patrimonio Histórico, ya sea automáticamente por ser los mismos parte del Patrimonio Histórico Español, o bien por incorporarlos al Inventario General de Bienes Muebles o por iniciarse un expediente ad hoc para su declaración como BIC.

Sirvan las anteriores reflexiones no para pretender cerrar un apasionante debate, sino más bien para abrirlo, y asimismo para instar a que se redacte, como en otros países, una ley reguladora y protectora de los meteoritos y otros cuerpos celestes que aterricen en territorio español, ya sea para calificarlos como bienes de dominio público estatal, o bien como bienes patrimonializables por los particulares pero sometidos a una legislación protectora especial y unitaria respecto a su uso, exhibición, cesión para usos científicos (art.13.2 y 26 de la Ley 16/1985), enajenación (art.38 de la Ley 16/1985) y exportación (art. 29 de la Ley 16/1985) o su salida temporal de territorio español.

Los meteoritos son valiosos vestigios del Universo que contienen un enorme valor  e información científica. No deberían quedarse como meros adornos o bienes de inversión en manos de especuladores al mejor postor en internet, al alcance de unos cuantos millonarios o caprichosos, y que se pierda su invaluable acceso para la Ciencia.

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La opacidad en los términos económicos.

Escrito por Roberto Antúnez, Departamento Fiscal de Adarve Abogados.

En los tiempos actuales, cuando hablamos utilizando el término opaco asociado con  cualquier hecho relativo a datos económicos de una empresa, estamos refiriéndonos a un sinónimo de corrupción y escándalo, referido principalmente a las entidades bancarias. No obstante, deberíamos puntualizar que dicha terminología sería poco precisa desde un punto de vista de la gestión de las mismas entidades y más concretamente por el instrumento que se debe utilizar, me refiero al Plan General Contable y sus normas. Es por ello que considero que deberíamos tener cautela a la hora de utilizar determinadas acepciones que puedan provocar una desacreditación en la estructuras de las empresas y en último caso de sus datos económicos.

Lo primero que consideraría que reflexionase el lector es que se parase a analizar los términos y en qué forma son usados. Por ejemplo, para nuestro caso, si nos ceñimos a la pura definición del término opaco, podemos ver que la RAE utiliza las siguientes acepciones:

  1. adj. Que impide el paso a la luz, a diferencia de diáfano.
  2. adj. Oscuro, sombrío.
  3. adj. Triste y melancólico.

Como  puede verse, se desprende de las definiciones que aparecen de dicho término que más bien pueden considerarse como un adjetivo de carácter peyorativo del que emana principalmente inexactitud.

Por otra parte y cuando utilizamos un término económico, ya sea que nos refiramos a las cuentas de una entidad, ya sea a cualquier dato cuantificable económico, estos nunca pueden ser imprecisos o aproximados en su realización, por lo que la utilización de ambas acepciones (opaco y término económico) en una misma frase se antoja contradictoria. Es más, las utilizamos con una intención desacreditativa, ya sea  de manera consciente o inconsciente, algo que daña gravemente la imagen de la empresa a la que nos referimos y en general a cualquier empresa, generando un clima de desconcierto donde no saber qué creer o no.

Recordemos que para poder cuantificar los datos económicos y financieros de una empresa y por tanto obtener una información objetiva de ella, utilizamos el Plan General Contable y sus correspondientes normas, que por supuesto son de obligado cumplimiento y de aplicación en todas las empresas o entidades de cualquier tipo, sin excepción, ya sea una entidad bancaria, una Pyme o incluso para entidades sin ánimo de lucro.

Y no, , no es ningún misterio la utilización de dicho Plan Contable y su normativa aplicable. Es más, tampoco tiene cabida esconder nada en ningún sitio donde las miradas indiscretas no puedan obtener su satisfacción. Otra cosa bien distinta, y más acorde con la realidad, es que no queramos mirar donde deberíamos o debiésemos y entremos en lo que se llama la falacia de la evidencia incompleta, ya que dicho instrumento, el Plan Contable, utiliza un procedimiento analítico y exacto para reflejar cualquier movimiento económico que se produce dentro de la  empresa.

A mayor abundamiento, puede decirse que todos esos gastos que están saliendo a la luz en las noticias, tienen que estar reflejados en la contabilidad de la entidad, pero ¿entonces exactamente donde estarían? Pues bien, dichos gastos se pueden reflejar por diferentes vías, que paso a desgranar a continuación:

  • Que se traten como un “gasto” en la cuenta de resultados de la entidad pero que en ningún caso tienen justificación como tal. Si ocurre esto generaría una mayor pérdida para la entidad en el año que se reflejasen como tales gastos sin serlo, pero  lo que ocurrirá en definitiva es que estaremos inflando nuestros gastos para no tributar por el Impuesto sobre Sociedades.

Recordemos que en caso de inspección la entidad deberá regularizar dichas cantidades detrayéndolas como gasto y tributando por ellas al tipo vigente.

  • Otra opción para reflejarlos sería utilizar una cuenta acreedora desde el punto de vista de la entidad para destinar los movimientos de dudosa justificación, pero esta opción no es más que un sistema temporal ya que en algún momento posterior en el tiempo habrá que cerrar dichos importes contra otra cuenta contable, y si lo hiciésemos contra una cuenta de gasto, volveríamos al punto anterior.
  • Por último, la tercera opción y la forma correcta, sería tratar dichas cantidades imputándoselas a la persona o personas que las han realizado de dos formas diferentes: por medio de una mayor retribución, justificándolo como gastos de personal y realizando la retención correspondiente, o la segunda, por medio de una cuenta contable de la que quedaría pendiente de regularización y devolución por parte del sujeto que ha realizado el gasto, computando como un préstamo a favor de la entidad y en contra del sujeto que ha realizado los gastos que por supuesto debería generar un tipo de interés remuneratorio a favor de la empresa.

Como conclusión, a pesar de que las expresiones que utilicemos y que quedarían muy convincentes para expresar los motivos finales de la realización de dichos gastos, no es un reflejo exacto de la realidad económica de la entidad en ningún caso.

Cambio en el formato de la nómina.

Escrito por Roberto Antunez, Departamento Fiscal en Adarve Abogados.

El pasado martes 6 de noviembre, se aprobó un nuevo formato de nómina, realizando modificaciones en cuanto a los conceptos a reflejar con respecto al modelo antiguo.

Es importante reseñar que dichos cambios entraron en vigor el 12 de Noviembre,  día siguiente a la publicación en el BOE de la normativa, no obstante hay un periodo adaptativo  para reflejar los cambios en las hojas de salario de seis meses desde la aprobación de esta normativa.

El texto que aprueba dichas modificaciones es  la Orden ESS/2098/2014 que viene a desarrollar  y complementar los cambios introducidos en la Ley de la Seguridad Social relativos a la actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

Hacemos un repaso de todos los conceptos que debe componer la nómina:

Datos de encabezamiento del documento, que no varían con respecto al modelo antiguo, por lo que se siguen identificando a cada una de las partes de la relación contractual laboral, es decir, el empleador y empleado, así como el domicilio de cada uno.

Es necesario especificar el periodo de liquidación al que se refiere la hoja de salario, que tampoco sufre modificaciones con respecto al modelo anterior.

Desglose de conceptos, tanto devengados como deducidos, estructurados de la misma forma que antes. Los primeros a reflejar serían los devengados, nos referimos a los conceptos del salario base, prorratas de pagas extras y complementos salariales como más significativos.

Después y siguiendo a los conceptos anteriormente mencionados, los conceptos deducidos, que serían principalmente cotizaciones a la Seguridad Social imputadas al trabajador y retenciones de IRPF.

Y por último, como novedad  un desglose pormenorizado de las aportaciones a la Seguridad Social imputadas directamente al empleador. En concreto el apartado aprobado por la orden mencionada es el siguiente:

DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA_Página_3

Cuadro publicado en el BOE, Orden ESS/2098/2014 del 11/11/2014

Las formalidades relativas a la entrega de la nómina, no sufren modificación  pero es  importante para recordar lo siguiente:

Es necesario Entregar el recibo u hoja de salario individual. El recibo ha de ser firmado por el trabajador al hacerle entrega del duplicado y pagarle en metálico o cheque las cantidades reflejadas. Solo si el pago se efectúa por trasferencia bancaria la firma del trabajador se entiende sustituida por el comprobante expedido por la entidad bancaria.

Recabar la firma del trabajador en ningún caso supone una conformidad por parte del trabajador respecto a  los conceptos y devengos reflejados, solo supone una conformidad de entrega de la nómina.

El hecho de No respetar el formato aprobado o,   no entregar el recibo del salario constituye una infracción calificada como leve,  que lleva aparejada una sanción que oscila entre  60€ y 625€. El hecho de no pagar dicho salario está considerado como infracción grave, con una sanción que oscila entre 626€ y 6.250€.

Todos los documentos firmados, así como los boletines de cotización deben de conservarse por parte del empleador durante un periodo de cuatro años. El incumplimiento de esta obligación también constituye una infracción leve.

Considerando que hasta ahora, en los recibos de salarios de los trabajadores únicamente constaban reflejados las bases de cotización y el tipo de retención imputables a la aportación del trabajador o cuota obrera, pero no la determinación de la aportación del empresario o cuota patronal.

Lo que se pretende  con esta modificación legislativa es dotar de una mayor transparencia a ambas partes sobre los datos cotizados a la Seguridad Social, así como concienciar del coste total que supone su contratación.