Menos privilegios para las Administraciones Públicas en los concursos de acreedores

El pasado 12 de diciembre de 2014 el Tribunal Supremo decidió acabar con el privilegio de cobro que respecto de los denominados créditos contra la masa mantenían las Administraciones Públicas una vez que se iniciaba la fase de liquidación. Así, la referida sentencia considera el artículo 84.4 de la Ley Concursal contrario tanto a la interpretación sistemática de la Ley, como al espíritu de la misma y a la “par conditio creditorum”.

El Tribunal Supremo revoca la decisión de la Audiencia y confirma la sentencia del Juzgado Mercantil nº 2 de Sevilla que ordenó a la Tesorería General de la Seguridad Social alzar los embargos trabados en un procedimiento de apremio paralelo iniciado una vez que en el procedimiento concursal se había aprobado el plan de liquidación.

La situación en cuestión era la siguiente:

  • Concurso de acreedores en el que la TGSS tiene reconocidos ciertos créditos contra la masa
  • Abierta la fase de liquidación y aprobado el plan de liquidación
  • La TGSS inicia un procedimiento de apremio administrativo embargando, paralelamente, bienes de la concursada por importe de 1.659.954,68 € entre los que se encontraba derechos de crédito y saldos en cuentas corrientes

La reforma del art. 84 introducida por la Ley 38/2011 estableció que los acreedores contra la masa podrían iniciar ejecuciones judiciales o administrativas (para el cobro de dichos créditos): a) una vez que se hubiese aprobado el convenio, b) una vez que se hubiese abierto la liquidación o c) hubiese transcurrido un año sin que ninguno de esos hitos se hubiera producido. Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que “una interpretación literal del precepto, (…) choca frontalmente con el sentir que se desprende del resto de las normas concursales”.

Entre otras razones, nuestro más Alto Tribunal justifica su decisión en preceptos como el art. 8.3º de la LC que atribuye al juez del concurso la competencia exclusiva y excluyente para conocer de toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado. Por tanto, la decisión del TS cierra la puerta a iniciar, en fase de liquidación, ejecuciones singulares fuera del concurso, a excepción de las ejecuciones administrativas o laborales sobre bienes embargados antes de la declaración de concurso que no se hayan visto afectadas por la paralización prevista en el art. 55 LC (aquellas cuyos bienes objeto de embargo no sean necesarios para continuidad de la actividad de la concursada).

Así, con esta decisión del TS responde al principio de ejecución universal que supone la liquidación de una sociedad concursada así como pretende preservar la integridad del patrimonio frente a ejecuciones separadas que, de facto, distorsionen la aplicación efectiva de la “par conditio creditorum”, principio fundamental del derecho concursal.

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